LA URGENCIA DE LEGISLAR SOBRE VEHÍCULOS MÁS SEGUROS EN COLOMBIA: UNA PRIORIDAD PARA SALVAR VIDAS

«El problema es claro: muchos de los siniestros fatales ocurren debido a que los vehículos involucrados no cuentan con las suficientes características de seguridad.».

Por Héctor Mauricio Sánchez Abril-Socio Activo de la Asociación de Periodistas de Boyacá

La seguridad vial es un tema que no puede seguir relegado a un segundo plano en Colombia. Cada año, miles de personas pierden la vida en accidentes de tránsito, y una gran parte de estas tragedias podría evitarse si los vehículos que circulan por nuestras vías fueran más seguros. Es urgente que el Congreso colombiano legisle sobre la obligatoriedad de vender vehículos con estándares de seguridad más altos, tal como lo establece el Plan Nacional de Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad a cero, protegiendo así vidas humanas.

Ingeniero de Transporte y Vías, Magíster en Transporte. Escritor, Articulista, Investigador y Profesor Universitario. Secretario de Movilidad de Tunja en el año 2023. Cofundador y coorganizador de 6 versiones del Seminario Internacional de Seguridad Vial y Seguridad y Salud en el Trabajo

El problema es claro: muchos de los siniestros fatales ocurren debido a que los vehículos involucrados no cuentan con las suficientes características de seguridad. Airbags insuficientes, cinturones de seguridad defectuosos, materiales de baja resistencia en las puertas y zonas frontales, y la falta de dispositivos electrónicos que alerten sobre fallas mecánicas son algunos de los factores que agravan las consecuencias de los siniestros. La tecnología para hacer los vehículos más seguros está disponible, pero el acceso a ella no es uniforme, y la oferta de autos con altos estándares de seguridad aún está limitada a modelos más costosos.

En Colombia, la compra de un automóvil de seguridad avanzada es muchas veces vista como un lujo, algo solo al alcance de pocos. Sin embargo, la vida de los colombianos no puede depender de la capacidad económica de los conductores. La seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos. Es por eso por lo que es imperativo que el Congreso legisle con prontitud para establecer requisitos de seguridad más estrictos para todos los vehículos nuevos que se comercialicen en el país. Estos estándares deben incluir, como mínimo, sistemas de seguridad activa y pasiva, como airbags, frenos antibloqueo, control de estabilidad, y zonas de deformación que protejan tanto a los ocupantes del vehículo como a los peatones.

Además de la obligatoriedad de estas características, el Estado podría considerar políticas de incentivos o subsidios para facilitar el acceso de los ciudadanos a vehículos más seguros, para que la implementación de estos cambios no se convierta en una barrera económica para la mayoría de la población.

El fortalecimiento del enfoque de vehículos seguros no solo es una medida que salvaría miles de vidas, sino que también contribuiría significativamente a la reducción de los costos sociales asociados a los siniestros viales, tales como los gastos en salud pública, los daños materiales y las pérdidas económicas derivadas de la baja productividad.

La industria automotriz debe comprender la importancia de ofrecer vehículos con altos estándares de seguridad como una necesidad, no como una opción. Las casas comerciales de venta de vehículos deben asumir un compromiso con la vida de los colombianos y garantizar que la oferta de vehículos más seguros no sea limitada a unos pocos, sino que se convierta en una norma dentro del mercado.

Es fundamental que tanto el Gobierno como la ciudadanía sigan trabajando de la mano para crear conciencia sobre esta necesidad. La presión hacia las autoridades para que legislen en favor de la vida de los colombianos debe ser constante y firme. Solo así podremos asegurar que las carreteras colombianas sean más seguras, que la siniestralidad se reduzca, y que las vidas de miles de personas no se sigan perdiendo en accidentes que, en muchos casos, podrían haberse evitado.

La seguridad vial es una prioridad y legislar sobre vehículos más seguros es el primer paso para garantizar que las tragedias en las vías no sigan siendo una constante en nuestra sociedad. La vida de cada colombiano debe ser protegida, y es hora de que el Estado asuma esta responsabilidad de manera contundente.

El problema es claro: muchos de los siniestros fatales ocurren debido a que los vehículos involucrados no cuentan con las suficientes características de seguridad. Airbags insuficientes, cinturones de seguridad defectuosos, materiales de baja resistencia en las puertas y zonas frontales, y la falta de dispositivos electrónicos que alerten sobre fallas mecánicas son algunos de los factores que agravan las consecuencias de los siniestros. La tecnología para hacer los vehículos más seguros está disponible, pero el acceso a ella no es uniforme, y la oferta de autos con altos estándares de seguridad aún está limitada a modelos más costosos.

En Colombia, la compra de un automóvil de seguridad avanzada es muchas veces vista como un lujo, algo solo al alcance de pocos. Sin embargo, la vida de los colombianos no puede depender de la capacidad económica de los conductores. La seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos. Es por eso por lo que es imperativo que el Congreso legisle con prontitud para establecer requisitos de seguridad más estrictos para todos los vehículos nuevos que se comercialicen en el país. Estos estándares deben incluir, como mínimo, sistemas de seguridad activa y pasiva, como airbags, frenos antibloqueo, control de estabilidad, y zonas de deformación que protejan tanto a los ocupantes del vehículo como a los peatones.

Además de la obligatoriedad de estas características, el Estado podría considerar políticas de incentivos o subsidios para facilitar el acceso de los ciudadanos a vehículos más seguros, para que la implementación de estos cambios no se convierta en una barrera económica para la mayoría de la población.

El fortalecimiento del enfoque de vehículos seguros no solo es una medida que salvaría miles de vidas, sino que también contribuiría significativamente a la reducción de los costos sociales asociados a los siniestros viales, tales como los gastos en salud pública, los daños materiales y las pérdidas económicas derivadas de la baja productividad.

La industria automotriz debe comprender la importancia de ofrecer vehículos con altos estándares de seguridad como una necesidad, no como una opción. Las casas comerciales de venta de vehículos deben asumir un compromiso con la vida de los colombianos y garantizar que la oferta de vehículos más seguros no sea limitada a unos pocos, sino que se convierta en una norma dentro del mercado.

Es fundamental que tanto el Gobierno como la ciudadanía sigan trabajando de la mano para crear conciencia sobre esta necesidad. La presión hacia las autoridades para que legislen en favor de la vida de los colombianos debe ser constante y firme. Solo así podremos asegurar que las carreteras colombianas sean más seguras, que la siniestralidad se reduzca, y que las vidas de miles de personas no se sigan perdiendo en accidentes que, en muchos casos, podrían haberse evitado.

La seguridad vial es una prioridad y legislar sobre vehículos más seguros es el primer paso para garantizar que las tragedias en las vías no sigan siendo una constante en nuestra sociedad. La vida de cada colombiano debe ser protegida, y es hora de que el Estado asuma esta responsabilidad de manera contundente.

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